Este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera, junto a la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, promulgó la ley “Aula Segura”, llamando a debatir en las salas de clases con ideas y proyectos y no con “violencia, bombas molotov y bencina”.

Al respecto, los Secretarios Regionales Ministeriales de Gobierno, Tatiana Fontecha Bórquez, y Educación, Sergio Becerra, valoraron la medida, que en resumen otorga mayores facultades a los directores y sostenedores de establecimientos educacionales para actuar ante hechos de violencia.

El Seremi de Educación Sergio Becerra expresó: “Siempre dijimos que este proyecto es muy necesario pues en el caso de la segunda causal, de agresión física de estudiantes a otros miembros de la comunidad educativa, esta es una realidad que sucede no solo en la capital del país sino también en regiones. Estamos trabajando con la convicción que los directores de establecimientos educacionales necesitan más herramientas para abordar hechos graves de violencia de manos de estudiantes. La ley Aula Segura es una herramienta necesaria para resguardar a las comunidades educativas y asegurar el derecho a la educación, siempre”.

En tanto, la portavoz del Gobierno en Aysén, Tatiana Fontecha Bórquez, indicó: “Estamos muy contentos por este nuevo avance, y porque este proyecto apunta a restablecer la seguridad en las salas de clases, para defender los derechos de las personas que son el alma y el corazón de la comunidad escolar, porque como dijo el Presidente Piñera esta mañana, la violencia no es parte, y nunca será parte ni de la comunidad escolar ni de la democracia que queremos construir”.

“Nuestro Gobierno está, y estará siempre, con los profesores que quieren enseñar; con los alumnos que quieren aprender; con los padres y apoderados que quieren ver a sus hijos progresar; y va a combatir siempre a quienes quieran destruir a las comunidades escolares”, añadió.

La nueva Ley Aula Segura tiene como base el derecho a la seguridad de los docentes y la comunidad escolar, el derecho de los alumnos a poder estudiar en sus establecimientos educacionales, y también el derecho de los acusados a tener un debido proceso.

Del mismo modo, establece como causales de expulsión el uso y porte de armas, el daño a la integridad física y psíquica de cualquier miembro de la comunidad escolar y a terceros dentro del recinto, agresiones sexuales y los daños realizados a la infraestructura del establecimiento.

Frente a estos casos, el director estará obligado a iniciar un proceso sancionatorio según esté establecido en la ley, reglamentos y estatutos, y durante el proceso, contará con la facultad de suspender al alumno como medida cautelar, lo que evitará que la víctima de la agresión deba convivir con su victimario. Así también, deberá informar sobre esta medida cautelar y sus fundamentos tanto al estudiante como a sus padres, y tendrá 10 días para resolver el procedimiento sancionatorio.